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The author integrates the analysis of monarchical frameworks by also noting for the development of rural communities a weak use of the concept of freedom as well as a parallel aspiration to political emancipation: the analysis of the kingdom of England, the Crown of Castile and the most backward and servile rural area of Catalonia (the Remensa), highlights a common tendency, beyond the different more or less advanced degree of formalization of the communities, towards their inclusion in the royal political order to establish their autonomy towards the powers elegant; the recognition of communities as political subjects was also accompanied by the strengthening of the role of rural elites in the use of common goods, in the regulation of the workforce and, ultimately, in the capacity for political decision-making.
It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0382-1.08
Hipólito Rafael Oliva Herrer
Efectuar una aproximación comparativa a las comunidades rurales de fines de la Edad Media en términos de libertad es una tarea no exenta de dificultades y no sólo por las importantes diferencias entre áreas geográficas, incluso a escalas reducidas, lo que implica diversos grados de institucionalización, sino también por la diversidad de los enfoques en la historiografía comunitaria1. Las interpretaciones liberales del XIX, consideraron las comunidades rurales como el reflejo de un movimiento asociativo que recorrió la Europa medieval en el siglo XII. En el origen este tipo de interpretaciones subyacía la noción burguesa de libertad como opuesta al feudalismo, si bien, en las variantes más recientes se enfatiza la capacidad de los habitantes de las comunidades de asociarse y de formalizar vínculos sociales y jurídicos que se concretan en la cristalización de la comunidad como institución dotada de unos principios de organización colectiva y una autonomía política relativa, la libertad de la comunidad.
Una segunda tradición de interpretación, más interesante, en algún punto emparentada con la anterior otorga al señorío un protagonismo importante en la definición de la comunidad. La cristalización de la comunidad se habría producido en relación al señorío, desde varios puntos de vista. Bien porqué el señorío habría actuado como agente interesado en la definición de la comunidad, bien porque se entiende que fue el conjunto de exigencias demandadas por los señores el que habría impulsado los procesos de identificación comunitaria, propiciando la obtención de autonomía a partir de sus enfrentamientos con sus señores2.
Este tipo de interpretaciones que vinculan comunidad y señorío fueron intensamente discutidas por C. Wickham. De acuerdo a su interpretación sobre las comunidades rurales, su consolidación institucional en buena parte de Europa a partir del siglo XII fue el resultado de un reforzamiento de las relaciones de tipo horizontal impulsado por la élite rural, en un contexto de cierre definitivo del acceso a la aristocracia para esta clase social3. El resultado sería la creación de instituciones colectivas con un rango abierto de posibilidades de acción pero que, en esencia, proporcionarían el fundamento de la hegemonía local de las élites rurales. La tesis de C. Wickham tuvo un fuerte impacto historiográfico y se sitúa en un contexto más generalizado de orientación de los estudios al protagonismo de las élites en las sociedades rurales, de lo cual es revelador el coloquio que se celebró en 2005 en la Abadía de Flaran4. Hay sin embargo algunos aspectos problemáticos en su interpretación, como el tipo de relación entre la comunidad organizada, dotada de unas instituciones y una forma jurídica reconocida y la comunidad preexistente, definida en términos sociológicos, con modos de funcionamiento no formalizados, pero no por ello menos eficientes. Otro aspecto problemático tiene que ver con qué tiene de común la comunidad, lo que en definitiva equivale a preguntarse en alguna medida por los fundamentos y el imaginario de esa hegemonía de las élites rurales.
Por último, habría que referir que existe toda una tradición que concibe el surgimiento de la comunidad de manera diferente, como el resultado de la necesidad de reglar socialmente el uso de los recursos comunes y organizar políticamente esta regulación5. Es una interpretación que, si bien en el pasado dio lugar a lecturas atemporales respecto de las comunidades rurales, ha producido modelos que apuntan al surgimiento de la comunidad rural como un fenómeno histórico en fechas concretas. Cabría relacionar este modelo con la tesis sobre comunalismo de P. Blicke6. En todo caso, quizá la versión más reciente y elaborada sea la propuesta por J. Morsel, que ha acuñado la noción de Comunidad de Habitantes. Morsel ve en la instauración de la comunidad el resultado de la instucionalización de un vínculo caracterizado por la espacialización de las relaciones sociales, convertido en el criterio principal de calificación social y de relación con otros actores sociales7.
En último término, se han propuesto toda una serie de lecturas más débiles del concepto de comunidad, particularmente en aquellos lugares donde el desarrollo institucional de las comunidades fue escaso, comenzando por la interpretación desarrollada para Inglaterra por A. MacFarlane, para quien la comunidad, particularmente en la baja Edad Media, no sería sino una suerte de ficción historiográfica que encubre un mundo largamente dominado por los principios del individualismo liberal8. Más interesante como lectura débil es la propuesta por historiadores de la Edad Moderna, como D. W. Sabean. Lo característico de la comunidad no sería la existencia de ningún un conjunto de referencias culturales o valores compartidos entre sus miembros, sino constituir una trama, una suerte de escenario donde se desarrollarían conflictos, desavenencias y estrategias alternativas9.
Esta rápida revisión historiográfica permite desvelar al menos dos cuestiones problemáticas en la literatura sobre comunidades rurales, con independencia de que los analistas prioricen en su aproximación el enfoque sociológico o el institucional. La primera está precisamente relacionada con el paso de una comunidad definida en términos sociológicos a una comunidad dotada de instituciones reconocidas y convertida en sujeto político. La segunda cuestión relevante tiene que ver lo que tiene de común la comunidad, su grado de construcción colectiva y la existencia o no de imaginarios políticos compartidos vinculados a la misma.
Ciertamente, la cronología de este coloquio nos permite obviar el espinoso asunto del origen de la comunidad rural, dado que para los siglos que nos ocupan la comunidad rural aparece como un objeto constituido y, en la mayor parte de los casos, dotado de unos perfiles definidos. Con independencia de su distinto grado de institucionalización, cuya cronología y factores desencadenantes pudieron ser diferentes, las comunidades rurales funcionaban como una construcción colectiva con un funcionamiento parcialmente autónomo. Pero la discusión historiográfica me parece relevante porque la interpretación de lo que es la libertad o ausencia de ella en un contexto comunitario está directamente relacionada con las asunciones que hagamos acerca de las características de la comunidad rural en este periodo concreto. En las páginas que siguen utilizaré el concepto de comunidad con una tonalidad fuerte, lo que implica efectuar una serie de preguntas acerca de cuáles son los elementos comunes dentro de la comunidad, cómo está constituida en términos de funcionamiento político, cómo se relaciona con otros agentes y, en último lugar, en qué medida es posible una lectura de este funcionamiento en términos de libertad.
A este respecto, cabe afirmar que si bien la definición de libertad ha sido objeto de controversias entre teóricos de inspiración diferente10, existe un consenso extendido sobre que la libertad es un valor político de referencia en el mundo contemporáneo, al menos en Europa occidental. Frente a ello, el periodo medieval ha sido considerado bien como un antecedente lejano en el marco de una narrativa más amplia de conquista de la libertad, propia de las interpretaciones liberales, bien como un contra modelo caracterizado por ser un mundo de libertades parciales en oposición a la libertad con mayúsculas propia del mundo contemporáneo. La oposición conceptual entre libertad y libertades, que llevada al extremo no deja de ser reduccionista y deformante, vendría a sintetizar este punto de vista. En realidad, las implicaciones de la libertad para final de la Edad Media han sido analizadas principalmente bajo el prisma de la teoría política, aunque relevantes autores dedicados al estudio de la conflictividad hicieron en su momento contribuciones significativas sobre el tema. Fue el caso de R. Hilton, para quien la aspiración a la libertad sería uno de legados más importantes del periodo medieval11. Más próximo en el tiempo, S. Cohn apunto que el periodo que nos ocupa se caracterizó precisamente por la aparición de una aspiración generalizada de libertad12. Sin embargo, lo cierto es que la propia utilización del concepto de libertad con un contenido político en el periodo medieval es tardía y presenta importantes diferencias regionales.
Lo cierto, es que más con independencia de la aparición tardía del concepto, las sociedades del último medievo se caracterizaron no sólo por la existencia de múltiples formas de resistir la coerción, sino también por la existencia de concepciones acerca de la autonomía, de la afirmación de la voluntad política y expresiones de reivindicación características de un entramado denso de cultura política instituciones y principios comunitarios13. En consecuencia, una lectura de las comunidades rurales en términos de libertad no tiene porqué limitarse a efectuar una genealogía de la aparición del lenguaje político de la libertad. Probablemente, sea más interesante más interesante partir de algunas de las reflexiones que han vertido los teóricos contemporáneos sobre la noción de libertad, y particularmente de los postulados del republicanismo que definen la libertad como ausencia de coerción14, para efectuar un análisis en términos de autonomía, con independencia de que el lenguaje político de la libertad fuera invocado o no en la definición de esa autonomía. Desde el punto de vista práctico, y para fines del medievo, esta lectura pasa necesariamente por estudiar el tipo de relación de la comunidad con otros agentes que limitaban su autonomía, en particular el señorío y el estado, pero también pasa por contemplar en qué medida la propia comunidad se comporta como una institución coercitiva y en qué medida posibilita la autonomía personal y política de sus integrantes.
No podemos obviar que una de las características de las comunidades rurales es su precisamente amplio margen de variación. Para llevar a cabo una comparación manejable que permita cotejar algunas características he elegido tres escenarios: la Inglaterra de fines del medievo, la Corona de Corona de Castilla y, por último, la Cataluña de los remensa. Se trata de espacios geográficos con diferencias ciertas en cuanto a la configuración de las comunidades rurales, aunque dotados de algunos elementos compartidos: desde el desarrollo de importantes procesos de construcción estatal a la existencia de un elevado nivel de conflicto en el mundo rural. El interés radica en que son precisamente estos episodios de conflictividad los que nos permiten observar con mayor claridad las aspiraciones de las comunidades rurales en términos de autonomía.
Comenzaré abordando el caso inglés por varias razones. De entrada, la historiografía inglesa ha desarrollado una tradición de estudio sobre la libertad del campesinado, si bien más relacionada con la desaparición de la servidumbre que con la noción de libertad de la comunidad. Como es bien conocido, R. Brenner planteó que el elemento diferencial para la transición al mundo capitalista en Inglaterra se encontraba precisamente en la estructura de clases agraria, lo que dio lugar a una amplia discusión conocida como el debate Brenner sobre la transición del feudalismo al capitalismo, lógicamente centrada en enfoques de orden socioeconómico15. Aunque el debate Brenner parecía estar definitivamente cerrado a comienzos de este siglo, en palabras de J. Whittle, responsable de una de las últimas contribuciones importantes al respecto, la libertad del campesinado era un elemento imprescindible dentro de ese proceso16. De hecho, el declive de la servidumbre inglesa durante el periodo post-plaga y su práctica desaparición a la altura de 1500 ha sido objeto de análisis exhaustivos y recientes17.
Desde otro punto de vista, el ejemplo inglés es interesante porque las comunidades rurales inglesas no tuvieron el mismo nivel de desarrolló y formalización institucional característicos de buena parte de sus homologas en el resto de Europa. Hasta fechas muy avanzadas, y sólo excepcionalmente, las comunidades inglesas no recibieron cartas que fijaran y establecieran los principios y límites de la autonomía comunitaria18. Esto no fue obstáculo para que existieran vínculos colectivos. Cuestiones como la gestión de los comunales y otro tipo de actuaciones a nivel local se realizaron mediante acuerdos a nivel comunitario. Por lo demás, en ausencia de instituciones específicamente representativas de la comunidad, el protagonismo correspondió a instituciones señoriales, en particular, el manor court.
El señorío inglés no se superpone exactamente a la comunidad, de modo que es la presencia de distintos manors en una comunidad es una realidad bastante habitual. La comunidad estaba integrada, por tanto, por individuos de distinta condición jurídica, desde campesinos libres a dependientes en distinto grado, que podían estar adscritos a señoríos diferentes19. Comparativamente Inglaterra puede ser considerada como un territorio de instituciones señoriales fuertes, de modo que la condición de no libre más allá del pago de rentas o del uso de la fuerza de trabajo, establecía una serie de constricciones respecto a la autonomía de los individuos, que afectaban a su disposición de la tierra, su movilidad o incluso interferían en su ciclo vital. Lecturas más recientes que se han hecho del señorío ingles tienden a poner de relieve su ineficacia, particularmente como agente extractor de rentas20. Se trataba de una estructura que necesitaba constantemente de una élite local sobre el terreno, que actuaba como transmisora pero también como freno a las demandas señoriales, por lo que en la práctica, las demandas señoriales operaban dentro de unos límites21. De hecho, si bien la justicia y el gobierno de la comunidad se efectúan desde instituciones señoriales, sus integrantes eran miembros de la comunidad local, de modo que instituciones creadas para servir el interés señorial fueron utilizadas también para el gobierno local22. La forma en que los dependientes campesinos acudieron también a los tribunales regios para litigar fuera de los tribunales señoriales está siendo objeto de reevaluación reciente23.
En todo caso, para una lectura desde la perspectiva de la libertad de la comunidad, el señorío era una institución relevante en tanto que actuaba como una instancia coercitiva que definía el status de los individuos. El proceso de declive de la autoridad señorial a lo largo del XV es bien conocido. Una combinación de factores demográficos y de resistencia campesina provocó una significativa reducción de los individuos considerados no libres y la desaparición de las rentas más degradantes en términos de independencia personal. Paralelamente, se produjo un abandono de la explotación directa de la tierra por los señores. En consecuencia, esto tuvo un impacto en las estructuras de gobierno señorial. El manor court continuó siendo un mecanismo relevante para el mantenimiento del orden y el gobierno de la comunidad local, pero cada vez funcionaba menos como una correa de transmisión de los intereses señoriales. Sin embargo, es bastante significativo que durante la segunda mitad del XV esta institución amplíe sus competencias reguladoras y despliegue una incipiente actividad normativa. Algunas de las nuevas ordenanzas promulgadas regulaban actividades agrarias, pero otras tenían un contenido claro de orden moral y tendían a la regulación de las conductas de los habitantes de la comunidad24. Se piensa que esta nueva orientación es paralela a un mayor desarrollo de estructuras informales de patronazgo, por medio de las cuales la élite rural ejercía el liderazgo de la comunidad. Esto conecta con una segunda línea historiográfica muy desarrollada por parte de la historiografía inglesa, la polarización de la comunidad resultado de la consolidación de una élite de propietarios de grandes parcelas de tierra. De este modo, la élite vendría a ocupar a ocupar las parcelas de poder dejadas por el señorío, lo que explicaría los nuevos perfiles adquiridos por la institución del manor court. Se trata de un tipo de perspectiva que conecta con las lecturas efectuadas por los especialistas en la comunidad rural del periodo moderno, que presentan una comunidad rural absolutamente dominada por una élite a través de instituciones como las parroquias25.
Lecturas efectuadas por los medievalistas, sin embargo, han matizado este protagonismo absoluto de la élite en el gobierno de la comunidad local, proponiendo procedimientos de participación política más inclusivos para el conjunto de los habitantes26. Desde este punto de vista, cabría considerar que los principios rectores del gobierno local o las referencias al bien común no funcionarían como meros referentes legitimadores del poder de las élites, sino como como un entramado político compartido que designa lo que es aceptable y lo que no, esto es, como un espacio de conflicto que funcionaría también como un límite a la actuación de estas élites. Un análisis más profundo de ese entramado cultural comunitario, que está en parte por hacerse, proporcionaría una visión más ajustada del grado de autonomía política de los miembros de la comunidad respecto de las élites locales locales27.
Una perspectiva adicional particularmente relevante tiene que ver con los efectos del proceso de construcción del estado en las comunidades rurales. En primer lugar, el desarrollo de la fiscalidad regia indujo una mayor formalización de la comunidad rural. Desde 1334, la comunidad se convierte en un distrito fiscal con capacidad para recaudar tasas, lo que propició un desarrollo de estructuras institucionales que fueron utilizadas para otros fines a nivel comunitario28. El segundo aspecto relevante tiene que ver con la adopción de principios de legitimación y lenguajes políticos que estaban funcionando en otras esferas políticas. En este sentido cabe aludir a la adopción de principios como el lenguaje político del bien común, pero también a la incidencia de la legislación regia en los tribunales señoriales29.
Pero sin duda uno de los efectos más significativos del proceso de construcción política estatal tiene que ver con la creación de un escenario que posibilitó la expresión de la voluntad de los campesinos de abandonar la esfera señorial para integrar la comunidad política. De hecho, las aspiraciones de muchas comunidades bajo dependencia señorial de integrar el patrimonio de la Corona son perceptibles ya durante desde el siglo XIII30, pero es la gran revuelta de 1381 la que permite observar con más detalle estas demandas de autonomía. El conflicto está lejos de contemplarse actualmente como una revuelta campesina, pero lo cierto es que existió una agenda rural en el conflicto que no sólo se refleja en determinadas acciones de rechazo de la servidumbre, en particular la quema de los documentos que recogían esa condición de desentendencia31. La revuelta permite además observar el despliegue de la estructura comunitaria como base de la movilización, pero también la existencia de una agenda política que denota sus aspiraciones de autonomía y sus pretensiones de integrar la comunidad política del reino, al plantear un tipo de relación directa con la Corona por encima de las jurisdicciones señoriales32. Una cuestión adicional que merece la pena plantear, al hilo de las reivindicaciones emergidas en 1381, tiene que ver con la relación entre la libertad individual, en términos de status, y la libertad en términos más propiamente políticos, dado que la condición de servidumbre no sólo suponía una degradación simbólica de los individuos, sino que les incapacitaba para participar en las estructuras políticas del estado a nivel local33. De ahí que en las demandas de liberación de la servidumbre, la derivada propiamente política no está en ningún modo ausente.
En suma, el despliegue del aparato monárquico ha facilitado un mayor grado de formalización de la comunidad y ha favorecido la emergencia de las aspiraciones de autonomía política de unas comunidades encabezadas por una élite cuyo poder está mediatizado por un entramado de nociones comunitarias, muy poco estudiadas. Es en el análisis más profundo de esas nociones el que permitirá evaluar de manera más precisa el funcionamiento interno de la comunidad en términos de libertad o autonomía de sus integrantes.
En contraste con el ejemplo inglés, la Corona de Castilla ofrece un escenario de instituciones comunitarias bien definidas desde la plena Edad Media. La comparativa con la evolución del campesinado inglés es también interesante porque permite cuestionar la supuesta excepcionalidad de la evolución social de su caso durante los últimos siglos del medievo. En los reinos de León y Castilla, la comunidad aparece como una entidad definida al menos desde el año 1000. La comunidad estaba constituida por la reunión de hombres cabezas de familia que gestionaba un territorio de manera autónoma. Si bien, por aquel entonces no estaba dotada de unas instituciones formalizadas, sí aparece como sujeto de reconocimiento colectivo, esto es, actuaba como interlocutor de otros agentes sociales34. El proceso que siguió esta comunidad o concilium, durante los siglos XI y XIII fue el de su inserción en marcos de poder más amplio, en una doble dirección. En primer lugar, bajo el poder regio, en la medida en que se produjo la consolidación política y la extensión territorial de los reinos de León y Castilla. El resultado fue el reconocimiento jurídico y una autonomía política relativa de esas comunidades, que se concretaba en su capacidad de gestionar el espacio local, en la elección de oficiales de gobierno, y su capacidad para resolver conflictos mediante la elección de oficiales de justicia, así como un cierto grado de autonomía de la justicia regia. Muchas de estas comunidades, como contrapartida, quedaron insertas en territorios más amplios bajo la jurisdicción de una ciudad que, teóricamente, ejerce algunas funciones de control político y judicial y por tanto, actúa como un límite parcial de la autonomía política de las comunidades locales35. En la práctica, el intento de ejercicio de esta autoridad por parte de la ciudad desembocará en una serie de tensiones que se reproducirán en siglos venideros y sobre las que volveré más adelante. Esta forma específica de articulación política que consagra la autonomía relativa de las comunidades bajo la dirección de una ciudad se conoce con el nombre de realengo o sistema concejil. Se trata de la forma fundamental de organización política vigente los territorios incorporados a los reinos de León y Castilla al sur del río Duero y que fue trasladado al sur a medida que progreso el proceso de expansión territorial que la historiografía española define usualmente como La reconquista. Aunque este modelo de organización política se expandió también al norte del río Duero, si bien aquí el resultado fue resultado desigual, ya que sólo en algunos espacios cristalizo esta forma organizativa del realengo, mientras que otros quedaron bajo el control señorial. En cualquier caso, el estatuto jurídico de estas comunidades y las pautas concretas de su funcionamiento quedaron recogidos en textos normativos otorgados por el rey, los fueros, el equivalente de las cartas de franquicia, a los que tradicionalmente se ha asociado con el concepto, en plural, de libertades36.
Una segunda línea de inserción de las comunidades rurales en marcos de poder más amplios se estaba produciendo en paralelo y tiene que ver con el establecimiento de una red de señoríos. El proceso de desarrolló desde la primera mitad del siglo XI y estaba bien avanzado a mediados del siglo XII. Los mecanismos mediante los que se produjo esta imposición del señorío sobre las comunidades rurales son variados y complejos, bien se tratara de cesiones regias de jurisdicción, o preferentemente a través de la cristalización de estructuras de dependencia campesina mediante una combinación de propiedad y autoridad aristocrática, en un proceso complejo en el que no me voy a detener37.
El grado de autonomía y las condiciones vigentes en las comunidades de realengo y aquellas que quedaron insertas en estructuras señoriales fue diferente. En los reinos de Castilla y León, como en Inglaterra, el señorío funcionó como un elemento que limitaba en distintos grados la libertad de los integrantes de la comunidad rural, cuyo estatuto era el de dependientes. La capacidad de coerción por parte del señorío se concretaba en su disposición parcial de la fuerza de trabajo, en límites establecidos a la transferencia de tierras y en el cobro de rentas en reconocimiento de señorío y multas judiciales38. Este tipo de exigencias estaban jerarquizadas y establecían diferencias entre los distintos integrantes de la comunidad. Nada nuevo para aquellos que estén familiarizados con los señoríos medievales. En todo caso, las condiciones concretas vigentes en cada una de las comunidades de señorío estuvieron sujetas a variación. Factores como la fragmentación del señorío, la importancia de la propiedad aristocrática en la localidad o el grado de cohesión de la comunidad fueron determinantes. Pero estas diferencias fueron el resultado de procesos de negociación y conflicto por definir los límites de la autoridad señorial, la dependencia campesina y la propia autonomía de las comunidades. Desde finales del siglo XII y durante todo el siglo XIII las condiciones vigentes en las comunidades quedaron fijadas por escrito en textos normativos que definían sus relaciones con los señores, conocidos con el nombre de fueros buenos, en un proceso que guarda paralelismos con el de las cartas de franquicia que conocemos para otros lugares39. En todo caso, hay que tomar cierta precaución respecto a su carácter normativo ya que conocemos que estas condiciones eran fruto de resistencia y por tanto de renegociación cotidiana40. La lógica señorial de este tipo de documentos se observa con claridad en las limitaciones a las transferencias de tierra, que prohíben la venta a foráneos y generalmente obligan a que la posesión de tierra esté vinculada a la residencia en el lugar. Hay que tener en cuenta, además, que el señorío en los reinos de León y Castilla era una realidad fragmentada, que se concretaba en unas tenencias determinadas41. De ahí, que en el interior de una comunidad puedan existir campesinos dependientes adscritos a distintos señores.
Quizá una de las diferencias con el caso inglés es la existencia de una comunidad estructurada que actúa como interlocutor jurídico de la instancia señorial. Si bien existen comunidades en las que la justicia es ejercida por agentes señoriales, fue también frecuente que fuera ejercida por la propia institución de la comunidad local, el concejo, aunque el beneficiario final de las sanciones económicas fuera el señor de la localidad42. La diferencia con el caso inglés, es que la justicia se ejerce desde el manor court que es una institución propiamente señorial, aunque ciertamente los oficiales encargados de ejercerla fueran también habitantes de las comunidades. En los reinos de Castilla y León, también es la comunidad y no el señor, quien se encarga de acoger a nuevos habitantes en el lugar43.
Los habitantes de la comunidad poseen el estatuto jurídico de vecino, cuyo perfil está poco definido, pero se vincula a la condición de habitar y disponer de tierra en un lugar, lo que permite el disfrute de los bienes comunales44. Las normativas que recogen los fueron garantizan la posesión de bienes y establecen una serie de procedimientos para la regulación de conflictos. La condición de vecino implica además un cierto nivel de protección frente a los agentes de la justicia regia y determina también un estatuto privilegiado de los vecinos del lugar respecto a los forasteros en los pleitos que se dirimían en la comunidad.
Estamos poco informados sobre la toma de decisiones a nivel comunitario, si bien el protagonismo de una élite local se da por descontado. No parece claro, en todo caso, que este protagonismo haya cancelado completamente los derechos de participación política del conjunto de la comunidad, como apunta la evidencia de algunas asambleas para dirimir cuestiones importantes y también la pervivencia de estas asambleas para siglos posteriores45. Por lo demás, existen evidencias claras de la existencia de un núcleo central de identidad comunitario que va más allá de la capacidad de las instituciones locales para regular el aprovechamiento colectivo de los recursos comunes. Este se expresa en compromisos de ayuda mutua obligados para el conjunto de vecinos, como la defensa frente a una agresión exterior. Pero también en determinados conceptos que constituyen referentes de la acción política a nivel local. Así, por ejemplo, la traición al concejo está considerada como uno de los delitos más graves y la transgresión de ciertas normas de convivencia puede llevar aparejada la declaración de enemigo del concejo46.
No conviene olvidar, finalmente, que la comunidad es una forma de organización integrada por cabezas de familia, y que la estructura resultaba coercitiva para el resto de integrantes de la unidad familiar. Esto se observa particularmente en normativas destinadas a afirmar la autoridad de los cabezas de familia a la hora de formalizar estrategias matrimoniales, y que suponen restricciones importantes a la libertad individual del resto de componentes de la familia.
En definitiva, en los reinos de León, Castilla y también en Portugal, donde los procesos seguidos fueron bastante similares, se percibe una definición más nítida de la comunidad como institución, dotada de una autonomía relativa y que garantiza un cierto nivel de disposición de sus individuos, pese a encontrarse inserta en un marco de dependencia. Este es, a grandes rasgos, el esquema de funcionamiento que se observa hasta mediados del siglo XIV, cuando el estatuto de las comunidades rurales sufrirá cambios significativos como resultado de dos procesos concurrentes: los cambios en la configuración del señorío y, muy especialmente, el impacto en la definición de las propias comunidades rurales propiciado por el desarrollo de la monarquía centralizada.
Los cambios en la configuración del señorío se tradujeron en modificaciones importantes. En la medida en que los ingresos aristocráticos pasaron a estar basados en cesiones de ingresos fiscales por parte de la monarquía, los señores dejaron de tener interés en la explotación directa de la tierra47. Como consecuencia, la disposición del trabajo campesino dejó de tener sentido. También lo perdieron las restricciones a la transferencia de propiedades, por lo que los cambios que se produjeron como resultado redundaron en una mayor autonomía por parte de los campesinos. Otra consecuencia también relevante tiene que ver con la igualación del estatuto jurídico de los habitantes de las comunidades, ahora no jerarquizados por el grado de dependencia de un señor. Obviamente, el señorío no desapareció, pero quedó definido cada vez de forma más nítida como una suerte de control político sobre el conjunto de la comunidad, con base en la jurisdicción. Aunque, como señalaré más adelante, la definición concreta de este control político fue objeto de enfrentamiento con las comunidades rurales.
El impacto del desarrollo de la monarquía centralizada y de la construcción de una comunidad política del reino en las comunidades rurales se produjo en varias direcciones. Una de ellas fue el reforzamiento de las instituciones de las propias instituciones comunitarias y su capacidad de gestión. Los concejos se convirtieron en instancias intermediarias recaudadoras de la fiscalidad regia48. De hecho, la propia definición de vecino paso a depender directamente del pago de impuestos en la propia comunidad49. Un proceso convergente que contribuyó a fortalecer las instituciones comunitarias es que actuaron como intermediarios en el arrendamiento de las propiedades nobiliarias dado que, como ya he señalado, en términos generales, los señores dejaron de tener interés en la explotación de la tierra. Como resultado de estos procesos, las instituciones de la comunidad incrementaron notablemente su capacidad normativa y comenzaron a regular numerosos aspectos de la vida colectiva que desbordaban la tradicional gestión de los bienes comunales50. Así, desarrollaron reglamentaciones respecto del orden público local y promulgaron normativas tendentes a la regulación de las conductas. Lo que también tuvo sus consecuencias respecto de la autonomía de sus propios integrantes51.
Pero sin duda uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la forma en que la extensión de la autoridad monárquica afectaba a otros poderes ya establecidos y transformaba sus propias definiciones, lo que permite entender la amplitud de un movimiento de reclamación de mayor autonomía política por parte de muchas comunidades rurales, que pretendían abandonar la órbita señorial pasando a integrar el patrimonio regio para establecer así una relación sin mediaciones con la Corona. El proceso se desarrolló grosso modo entre 1480 y 1550 y se produjo mediante una doble vía: a través de reclamaciones jurídicas ante los tribunales de la Corona o de forma violenta, particularmente durante la revuelta de las Comunidades de Castilla, en 1520, en que se vivió una sublevación antiseñorial generalizada en algunas regiones concretas. En realidad, estas revueltas tenían un antecedente claro en el conjunto de reclamaciones judiciales aludidas52.
El telón de fondo era, sin duda, como el fortalecimiento del poder regio afectaba a otros poderes ya establecidos y transformaba sus propias definiciones. Se podría decir que ofrecía un escenario que posibilitaba que formas de autoridad establecidas con anterioridad, como los señoríos, fueran percibidas como ilegítimas, lo que propició que las comunidades rurales expresaran unas aspiraciones de autonomía política que se concretaban en esa aspiración de formar parte del patrimonio regio, lo que se traduce en formar parte de la comunidad política de manera autónoma, sin ningún tipo de mediación señorial. Tal y como expreso una de estas comunidades, la villa de Cisneros, no tenía necesidad del señor del lugar, dado que, la propia monarquía garantizaba la defensa del lugar y la administración de justicia, por lo que solicitó a los reyes que lo despidieran53.
Una cuestión importante es algunas de las argumentaciones que se desarrollaron durante este proceso reprodujeron la noción romanista de libertad. Esta categoría fue utilizada por algunos cronistas que efectuaron una asociación entre libertad y pertenencia al patrimonio regio, estar bajo la libertad regia. De modo similar describen algunas revueltas antiseñoriales relatan cómo los sublevados se sentían oprimidos fuera de la libertad real54. En otras ocasiones, es posible ver a los propios rebeldes utilizando estas mismas categorías. Así, en 1520, los vecinos de Dueñas, sublevados contra su señor proclamaban que trataban de obtener su libertad, que vinculaban directamente con la pertenencia a la Corona55. A nivel discursivo parece claro que estaban utilizando la formulación romanista de libertad como opuesto a estar sometido a la voluntad de otros. Se trata de un tipo de categoría de aparición temprana en la Corona de Castilla al estar recogido en la legislación regia, concretamente en el Código de las Siete Partidas, del siglo XIII, que traduce literalmente las disposiciones del Digesto en su definición de libertad56. En suma, integrar patrimonio garantizaba una forma de autonomía política al margen de las mediaciones y constricciones impuestas por el señorío y en la reclamación de esta autonomía la propia noción de libertad llego a ser invocada.
Claro que no todas las comunidades rurales estaban en condiciones jurídicas de reclamar la incorporación al patrimonio de la Corona. En esos casos, el conflicto se dirimió en torno a las implicaciones prácticas de la existencia del señorío. Las comunidades trataron de minimizar la capacidad señorial de intervenir en la justicia local o determinar la composición de los órganos de gobierno. Sin poder legalmente argumentar una vinculación a la Corona, estaban manifestando pretensiones similares de autonomía política57.
En realidad, un proceso similar se detecta en algunas comunidades rurales que dependían de la jurisdicción de las distintas ciudades. Su voluntad de abandonarla desencadenó un proceso, desarrollado fundamentalmente a lo largo del XVI, por el que varías de ellas terminaron por comprar la jurisdicción a la corona, lo que garantizaba su independencia de la jurisdicción urbana, instituyendo territorios autónomos regidos por las propias instituciones locales sin otro tipo de interferencia58.
En suma, la afirmación de la monarquía centralizada configuró un escenario para la emergencia de las aspiraciones de autonomía de las comunidades rurales, aunque finalmente sólo algunas alcanzaran sus objetivos. En varios casos, la propia noción de libertad fue invocada. La libertad era participar de las libertades del reino, lo que en la práctica suponía ejercer el gobierno local con un grado relativamente alto de autonomía y sin ningún tipo de mediación señorial. La libertad reclamada era, en definitiva, la inserción en el orden político regio.
El tercer escenario sobre el que me detendré brevemente es el conflicto sostenido por los campesinos de remensa catalanes, entre 1380 y 1496. Tal y como estudiara en su momento P. Freedman, lo característico del movimiento remensa es la emergencia de un discurso de la libertad que se desarrolla a varios niveles. Los campesinos utilizaron las nociones tradicionales de igualdad bíblica que estaban a su disposición y las movilizaron para para sustentar sus demandas. La idea de libertad cristiana se formuló en una doble dirección: recordando la libertad innata del hombre y afirmando que la redención de cristo restituyó al hombre esta libertad originaria. Este ideario fue objeto a su vez de una elaboración jurídica por parte los letrados que apoyaron la causa remensa, generando razonamientos más técnicos en los que la idea de libertad originaria se mezclaba con invocaciones al derecho romano59.
Para los campesinos, la condición de remensa implicaba un estatuto de servidumbre, por tanto, una condición deteriorada respecto al resto de Cataluña y del resto de la Península Ibérica. Los remensas eran definidos como hombres vinculados al señor, estaban sometidos a la jurisdicción señorial en todos los conflictos por la tenencia de la tierra y, si bien formalmente dependientes de la jurisdicción regia para cuestiones de otra naturaleza, no podían acudir a la esta jurisdicción regia en caso de maltrato por parte del señor. Por lo demás, esta condición implicaba el pago de toda una serie de rentas vinculadas a al ciclo vital y la transferencia de la tierra60. Se trataba de una condición hereditaria y ligada a la tierra, al manso, que funcionaba como estructura de explotación campesina y como unidad de concreción de la dominación señorial. Para abandonar el señorío, y con ello la condición servil, debían efectuar un pago, la remensa que implicaba además el propio abandono de la tierra de la que disfrutaban61. Si bien se ha discutido mucho sobre el contenido económico de las rentas pagadas por los remensas62, parece claro que la condición de campesino remensa implicaba fuertes limitaciones en términos de libertad individual, hasta tal punto que estas constricciones señoriales indujeron cambios importantes en las pautas de transmisión de la herencia63.
La implantación de esta forma de servidumbre se produjo entre finales del siglo XII y durante el siglo XIII, como resultado de un proceso de intensificación de la dependencia64.
En términos generales se puede afirmar que el sometimiento de los campesinos se desarrolló fundamentalmente en la Cataluña al norte del rio Llobregat, un territorio caracterizado por una escasa formalización jurídica de las comunidades rurales y, por tanto, por una escasa recepción de cartas de franquicia. En este sentido, es posible interpretar que el reconocimiento de libertades parciales mediante cartas de franquicia ofreció en algunos lugares una cierta protección a los campesinos evitando el deterioro de su situación durante el XIII65. Las franquicias contribuyeron a fosilizar el estatus de los individuos. Esta constatación es relevante desde el punto de vista de la tradicional oposición entre libertades, en el sentido de privilegios, y libertad, en la medida en que las libertades en plural contribuyeron a fundar un cierto principio de autonomía.
Otra cuestión directamente vinculada tiene que ver con la escasa formalización jurídica en términos comparativos de la comunidad rural en la Cataluña remensa. Se trata de un territorio caracterizado por la existencia de un hábitat disperso y por una elevada fragmentación de los señoríos, factores que están detrás de esa ausencia de definición institucional de la comunidad66. Ciertamente, existían vínculos y relaciones comunitarias relevantes de cara a la resolución de conflictos a escala local67. Hay constancia incluso de la existencia de asambleas vecinales, las universidades, que sin embargo no alcanzaron reconocimiento como sujetos políticos. El marco identitario y de referencia no fue la comunidad, sino la parroquia68. De hecho, la propia movilización de los remensas no tomó como base sino el propio marco parroquial.
Ciertamente durante el siglo XIII, fue el reconocimiento de la monarquía lo que contribuyó a definir legalmente el estatus degradado de los remensas69, pero el fortalecimiento del poder monárquico desde el siglo XIV fue relevante para el desarrollo del conflicto desde finales del siglo XIV en varios sentidos. En primer lugar, a partir de 1360, la implantación de la fiscalidad regia contribuyó a una mayor definición de las comunidades rurales, que se concretó en un fortalecimiento de las universidades, que se convirtieron en agentes de la fiscalidad regia. Un segundo factor que proporcionó un contexto que facilitó la emergencia del discurso remensa fue el proceso de recuperación por los monarcas de las jurisdicciones que habían sido vendidas a diversos señores en gran medida durante el siglo XIV. Durante el proceso, los propios remensas llegaron a jugar un papel activo, aunque el retorno de la jurisdicción al rey no implicaba que los remensa abandonaran la dependencia de sus señores, puesto que estos continuaban siendo los interlocutores de los remensa y dictaminaban en todo lo que tuviera que ver con la tenencia de la tierra70. En último término, además de proporcionar apoyo puntual a las demandas de los remensas en varias ocasiones, fue la propia monarquía la que reconoció a los remensas como actores políticos cuando Alfonso el Magnánimo autorizó la constitución del Sindicato, con lo que facultó a los remensas de toda Cataluña a reunirse, nombrar representantes y elevar sus demandas a la Corona.
Hace ya tiempo que el movimiento remensa ha dejado de ser contemplado como una movilización de los sectores económicamente más desfavorecidos del campesinado. Estudios recientes muestran, bien el contrario, que la mayor parte de los remensa podían ser considerados campesinos acomodados71. La interpretación más generalizada del conflicto remensa es que la invocación a la libertad se construye en oposición a la fuerte degradación simbólica que implicaba la servidumbre. Ni siquiera se considera un movimiento de rechazo del señorío, puesto que lo que se rechaza es el pago de las rentas vinculadas a la condición servil, y no las restantes rentas agrarias72. En este sentido, el tipo de libertad demandada por los remensas es de tipo individual, no comunitario. Algunas interpretaciones recientes, sin embargo, tienden a enfatizar una dimensión política del movimiento considerando que la aspiración fundamental de los remensas era su constitución en actores políticos, mediante la institucionalización de las universidades en el marco de una relación directa con la Corona73. Desde este punto de vista, y con bastantes coincidencias con lo observado en Inglaterra o la propia Corona de Castilla, el movimiento remensa no se reduciría a una lucha por la liberación personal, sino que revelaría también la aspiración de constituirse en sujeto político.
Ciertamente, las reclamaciones que se han conservado de los remensas, tanto las recogidas en discursos elaborados por intermediarios expertos en leyes como los escasos fragmentos disponibles de discursos pronunciados por los propios remensas, enfatizan la oposición entre servidumbre y libertad, e insisten en la abolición de las obligaciones de tipo personal que constituyen marcadores de servidumbre. Pero las implicaciones de la libertad eran complejas y no resultan fácil de desvincular unas de otras. Tal y como afirmó un individuo en respuesta cuando fue preguntado por su condición: era libre porque no tenía otro señor que Dios y el rey74. La condición de servidumbre no sólo suponía un estatus social degradado, sino que cerraba el camino a formas de participación que si estaban al alcance de los hombres libres.
Con independencia de su grado de formalización institucional, para las comunidades rurales el último medievo constituyo un periodo de demandas de mayor autonomía. El proceso de desarrollo de estructuras de estado propició un escenario transformador en muchos sentidos. El desarrollo institucional que llevó aparejado contribuyó al propio fortalecimiento sus instituciones y el fortalecimiento del poder monárquico implicaba el desarrollo de discursos que venían, en parte, a colisionar con las formas tradicionales de legitimación del señorío. La comparación con el funcionamiento de las comunidades al margen de la esfera señorial era relativamente sencilla.
Es en este contexto en el que se inscriben las aspiraciones expresadas por comunidades rurales de abandonar la órbita señorial y alcanzar un reconocimiento como sujetos políticos, objetivos sólo parcialmente alcanzados y de manera diferente en los distintos territorios. El tipo de libertad de reclamaban no era otro que la inserción en el orden político regio, una condición que sancionaba su autonomía y su capacidad de interlocución al margen de poderes señoriales.
En ese sentido, tanto en Inglaterra como en la Corona de Castila, la comunidad sirvió para vehicular las aspiraciones de libertad de sus integrantes. Cataluña ofrece un ejemplo extremo por la condición degradada de los campesinos remensa. Pero los procesos de afirmación de la monarquía subyacen también al desarrollo del conflicto remensa y la propia condición servil constituía no sólo una forma de degradación simbólica para los campesinos, sino un elemento que limitaba propia constitución política en tanto comunidad.
Todo esto no es obstáculo para que, a nivel interno, la estructura comunitaria implicara también un cierto grado de dominación. Ciertamente, de las élites rurales hacía los campesinos más desfavorecidos, cuestión que se aprecia en aspectos como el aprovechamiento desigual de los bienes comunales, en la reglamentación de la fuerza de trabajo a nivel local y en último término, en la capacidad de decisión política. A otro nivel de escala, el control ejercido por los cabezas de familia respecto del destino de resto de los integrantes de la institución familiar no era absoluto, pero sí importante. En este sentido cabe añadir que la evolución seguida en la baja Edad Media no vino sino a potenciar estos aspectos.
Sin embargo, este reconocimiento de la jerarquía y desigualdad intrínseca a las comunidades no anula completamente la existencia de un principio de construcción colectiva en su configuración, sustentado sobre una serie de principios y aspiraciones sobre cómo debía desenvolverse la vida interna, que eran en alguna medida vinculantes para las élites rectoras. Por otro lado, la existencia de unos ciertos mecanismos de reciprocidad, eran la otra cara del patronazgo que en parte ejercían las élites locales. Son precisamente parte de los factores que, en último término, vienen a explicar la pervivencia de esta estructura en el largo plazo.
En definitiva, las comunidades rurales constituían estructuras que funcionan de manera parcialmente autónoma y en el transcurso de la baja Edad Media la reivindicación de una mayor autonomía y una inclusión en el orden político constituyó una suerte de demanda de libertad, por más que no siempre el concepto de libertad fuera invocado para la consecución de estos objetivos.
1 Este artículo recoge resultados del proyecto de investigación de excelencia “Los nombres de la libertad: comunidad política y autonomía a fines de la Edad Media” (HAR 2017-89256-P), Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
2 Una síntesis de estos puntos de vista todavía presentes en muchas aproximaciones a las comunidades rurales en L. Genicot, Rural Communities in the Medieval West, Baltimore-London 1990.
3 C. Wickham, Community and clientele in twelfth-century Tuscany. The origins of the rural Commune in the plain of Lucca, Oxford 1998.
4 Les élites rurales dans l’Europe médiévale et moderne, dir. F. Menant y J.P. Jessene, Toulouse 2007.
5 Al respecto, varios de los trabajos del volumen clásico Les communautés villageoises en Europe occidentale du Moyen Âge aux Temps modernes. Quatrièmes journées internationales d’histoire, Centre culturel de l’abbaye de Flaran, 8-10 septembre 1982, Auch 1984.
6 P. Blickle, Kommunalismus: Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, München 2000.
7 Communautés d’habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), dir. J. Morsel, Paris 2018. Una presentación de su interpretación de la comunidad rural en J. Morsel, Les logiques communautaires entre logiques spatiales et logiques catégorielles (XIIe-XVe siècles), «Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre», 2 (2008), <http://cem.revues.org/10082> (05/2024).
8 A. MacFarlane, The Myth of the Peasantry: Family and Economy in a Northern Parish, in Land, Kinship and Life-cycle, dir. R.M. Smith, Cambridge 1984, pp. 333-349.
9 D.W. Sabean, Power in the blood Popular Culture and Village Discourse in Early Modern Germany, Cambridge 1887, pp. 29-30.
10 En sus diferentes perspectivas, liberal, comunitaria y republicana, I. Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford 1969; C. Taylor, What’s Wrong with Negative Liberty, «Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers», 2 (1985), pp. 211-229; P. Pettit, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford 1997; Q. Skinner, Freedom as Absence of Arbitrary Power, in Republicanism and Political Theory, dir. C. Laborde y J.W. Maynor, London 2008, pp. 83-101.
11 R.H. Hilton, Bond men made free: medieval peasant movements and the English Rising of 1381, New York 1973.
12 S.K. Cohn jr., Lust for Liberty. The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425, Cambridge Mass. 2006.
13 En este sentido, también son relevantes las aportaciones recientes sobre la conflictividad. La bibliografía comienza a ser muy abundante: La comunidad medieval, dir. H.R. Oliva Herrer et al., Sevilla 2014; The Voices of the People in Late Medieval Europe. Communication and Popular Politics, dir. J. Dumolyn et al., Turnhout 2014; J. Watts, The Making of Polities: Europe, 1300-1500, Cambridge 2009; P. Lantschner, The Logic of Political Conflict in Medieval Cities. Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440, Oxford 2015.
14 Petit, Republicanism.
15 The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe, dir. T.H. Aston y C.H. Philpin, Cambridge 1986. El propio Brenner, efectuó una relectura de conjunto en Property and Progress: Where Adam Smith Went Wrong, in Marxist History Writing for the Twenty-first Century, dir. C. Wickham, London 2007, pp. 49-111.
16 J. Whittle, The Development of Agrarian Capitalism. Land and Labour in Norfolk 1440-1580, Oxford 2000.
17 M. Bailey, The Decline of Serfdom in Late Medieval England: From Bondage to Freedom, Woodbridge 2014.
18 M.K. McIntosh, Autonomy and Community: The Royal Manor of Havering, 1200-1500, Cambridge 2002.
19 P. Schofield, Peasant and Community in Medieval England, Bansingstoke 2003; C. Dyer, The English Medieval Village Community and Its Decline, «Journal of British Studies», 33 (1994), pp. 407-429; M. Müller, A Divided Class? Peasants and Peasant Communities in Later Medieval England, «Past & Present», 195 (2007), suppl. 2, pp. 115-131.
20 C. Dyer, The Ineffectiveness of Lordship in England, 1200–1400, «Past & Present», 195 (2007), suppl. 2, pp. 69-86.
21 Sobre esta cuestión, H. Eiden, Joint action against ‘bad’ lordship: the Peasants’ Revolt in Essex and Norfolk, «History», 269 (2002), pp. 5-30.
22 C. Dyer, The Political Life of the Fifteenth-Century English Village, in Political Culture in Late Medieval Britain, dir. L. Clark y C. Carpenter, Woodbridge 2004, p. 143.
23 C. Briggs, Seigneurial control of villages’ litigation beyond the manor in later Medieval England, «Historical Research», 213 (2008), pp. 399-422.
24 M.K. McIntosh, Controlling misbehaviour in England, 1370-1600, Cambridge 1996.
25 S. Hindle, The State and Social Change in Early Modern England, Basingstoke 2000.
26 En particular, Dyer, The Political Life.
27 Algunas indicaciones en ese sentido en T. Johnson, Law in Common: Legal Cultures in Late-Medieval England, Oxford 2020, pp. 19-54.
28 C. Dyer, Taxation and communities in late medieval England, in Progress and Problems in Medieval England: Essays in Honour of Edward Miller, dir. R. Britnell y J. Hatcher, Cambridge 1996, pp. 168-196.
29 Id., The Political Life.
30 En particular a través de reclamaciones de haber formado parte del antiguo patrimonio real (royal demesne). Sobre esta cuestión, C. Dyer, Memories of freedom: attitudes towards serfdom in England, 1200-1350, in Serfdom and slavery: studies in legal bondage, dir. M.L. Bush, London-New York 1996, pp. 277-295; M. Müller, The Aims and Organization of a Peasant Revolt in Early Fourteenth-Century Whitshire, «Rural History», 12 (2003), pp. 1-20. Sobre la reaparición del tópico pocos años antes de la revuelta de 1381, R. Faith, The ‘Great Rumour’ of 1377 and peasant ideology, in The English Rising of 1381, dir. R.H. Hilton y T.H. Aston, Cambridge 1984, pp. 43-73.
31 Eiden, Joint action.
32 Sobre esta cuestión, recientemente, J. Firnhaber-Baker, Two Kinds of Freedom: Language and Practice in Late Medieval Rural Revolts, «Edad Media. Revista de Historia», 21 (2020), pp. 113-152. Sobre el protagonismo de estructuras comunitarias en la organización de la revuelta, S. Justice, Writing and Rebellion. England in 1381, Berkeley 1994, pp. 167-178.
33 C. Fletcher, Manhood, Freedom and Nation in Later Medieval England, «Edad Media. Revista de Historia», 21 (2020), pp. 81-111.
34 P. Martínez Sopena, La Tierra de Campos occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII, Valladolid 1985, p. 505.
35 J.M. Monsalvo Antón, De los alfoces regios al realengo concejil en el reino de León (1157-1230). La territorialidad de las ciudades y las villas reales entre la Cordillera Cantábrica y el Duero, in El Reino de León en las Cortes de Benavente, Benavente 2002, pp. 29-100.
36 P. Martínez Sopena, Autour des fueros et des chartes de franchises dans l’Espagne médiévale, in Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles). Realités et représentations paysannes, dir. M. Bourin y P. Martínez Sopena, Paris 2004, pp. 211-223.
37 I. Álvarez Borge, Estructuras de poder en Castilla en la Alta Edad Media. Señores, siervos, vasallos, in Señores, siervos y vasallos en la Alta Edad Media. XXVIII Semana de Estudios Medievales (Estella, 16 a 20 de julio de 2001), Pamplona 2002, pp. 269-230; L. Martínez García, Los pactos de benefactoria en la formación de la red feudal leonesa y castellana (siglos X-XII), «Hispania. Revista Española de Historia», 235 (2010), pp. 325-358; C. Estepa Díez, Las behetrías castellanas, Valladolid 2003; J.M. Mínguez Fernández, Propiedad y jurisdicción en el reino de León (siglos VIII al XI), in La época de la Monarquía Asturiana, Oviedo 2002, pp. 469-532.
38 Sobre esta cuestión, L. Martínez García, Los campesinos al servicio del señor, según los fueros locales burgaleses de los siglos X-III, «Espacio, Tiempo y Forma. Serie III Historia Medieval», 29 (2016), pp. 597-541.
39 Martínez Sopena, Autour des fueros, además del trabajo clásico de R. Pastor, Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos X-XIII, Madrid 1980.
40 I. Alfonso Antón, La contestation paysanne face aux exigences de travail seigneuriales en Castille et Léon: Les formes et leur signification symbolique, in Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial, pp. 291-320.
41 Sobre esta cuestión, I. Álvarez Borge, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media: los territorios entre el Arlanzón y el Duero en los siglos X al XIV, Salamanca 1996.
42 C.M. Reglero de la Fuente, Las comunidades de habitantes en los fueros del reino de León (1068-1253), «Studia Historica. Historia Medieval», 35 (2017), pp. 13-35: 24-25.
43 Ivi, p. 32.
44 Ivi, pp. 22-23.
45 Martínez Sopena, La Tierra de Campos occidental, p. 512. Sobre la pervivencia de estas asambleas, J.M. Monsalvo Antón, ‘Ayuntados a concejo’. Acerca del componente comunitario en los poderes locales castellano-leoneses durante la Edad Media, in El poder a l’Edat Mitjana. VIII Curs d’Estiu Comtat d’Urgell, 2003, Lleida 2004, pp. 209-291.
46 Sobre la noción de traición al concejo, H.R. Oliva Herrer, El mundo rural y la comunidad política. Cultura política y conflictividad en la Corona de Castilla a fines de la Edad Media, in Campo y ciudad. Mundos en tensión (siglos XII-XV). XLIV Semana internacional de Estudios Medievales (Estella-Lizarra, 18-21 de julio 2017), Iruña 2018, pp. 171-196: 183-185. Sobre la declaración de enemigo del concejo, Martínez Sopena, La Tierra de Campos occidental, p. 510.
47 J. Valdeón Baruque, Reflexiones sobre la crisis bajomedieval en Castilla, «En la España Medieval», 4 (1984), pp. 1047-1060; J.M. Monsalvo Antón, Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajomedieval. Consideraciones sobre su problemática, «Studia Historica. Historia Medieval», 2 (1986), pp. 101-169: 141-143; I. Beceiro Pita, El Condado de Benavente en el siglo XV, Salamanca 1998, pp. 305-316; P. Martínez Sopena, El estado señorial de Medina de Rioseco bajo el almirante Alfonso Enriquez (1389-1430), Valladolid 1977, pp. 134-168; J. Martínez Moro, La renta feudal en la Castilla del siglo XV. Los Stúñiga. Consideraciones metodológicas y otras, Valladolid 1997, pp. 46-47 y 106-107; M.C. Gerbet, M.C. Quintanilla Raso, La nobleza en la Corona de Castilla. Sus estructuras sociales en Extremadura (1454-1516), Cáceres 1989.
48 M. Sánchez Benito, Fiscalidad y mundo rural en tiempos de los Reyes Católicos estudio de una aldea realenga castellana (Fuentes), in Fiscalidad, sociedad y poder en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media, a cura du Y. Guerrero Navarrete, Madrid 2006, pp. 61-118; H. Casado Alonso, Solidaridades campesinas en Burgos a fines de la Edad Media, in Relaciones de poder, producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, dir. R. Pastor Díaz de Togneri, Madrid 1990, pp. 279-304; H.R. Oliva Herrer, La Tierra de Campos a fines de la Edad Media. Economía, sociedad y acción política campesina, Valladolid 2002, pp. 369-380; J.C. Martín Cea, El mundo rural castellano a fines de la Edad Media. El ejemplo de paredes de Nava en el siglo XV, Valladolid 1991, pp. 234-239; J.D. González Arce, La fiscalidad del señorío de Villena en la Baja Edad Media, Albacete 2002.
49 Oliva Herrer, El mundo rural y la comunidad.
50 Casado Alonso, Solidaridades campesinas, p. 279; B. Yun Casalilla, Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Salamanca 1987, p. 109; J.-P. Molénat, Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Madrid 1997, p. 536; P. Saavedra, Da Idade Media a Idade Moderna: as bases do Antiguo Rexime en Galicia, in III Xornadas de Historia de Galicia, dir. J. Castro y J. Juana, Orense 1986, pp. 15-52.
51 Para una revisión de conjunto de todos estos aspectos, H.R. Oliva Herrer, Les paysans et l’État: l’évolution de la culture politique du monde rural dans la Castille de la fin du Moyen Âge, in Cultures villageoises au Moyen Âge et à l’époque moderne. 37es Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (9-10 octobre 2015), dir. F. Boutoulle y S. Gomis, Toulouse 2017, pp. 227-246.
52 Sobre esta cuestión, H.R. Oliva Herrer, Justicia contra señores. El mundo rural y la política en tiempos de los Reyes Católicos, Valladolid 2004.
53 Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, Pueblos, Cisneros, leg. 6, fol. 54. Sobre la legitimación del señorío en torno a las nociones de protección y justicia en Castilla en el siglo XV, H.R. Oliva Herrer, El señorío representado: la transformación en solariego de la behetría de Castromocho, «Edad Media. Revista de Historia», 4 (2002), pp. 265-282. Para el periodo anterior debe acudirse a Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial.
54 J. Valdeón Baruque, Los conflictos sociales en tiempos de Isabel la Católica, in Sociedad y Economía en tiempos de Isabel la Católica, Valladolid 2002, pp. 229-248: 234-235.
55 H.R. Oliva Herrer, Popular Voices and Revolt. Exploring Anti-Noble Uprisings on the Eve of the War of the Communities of Castile, in The Voices of the People, pp. 49-62: 56.
56 Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio cotejadas por varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, Madrid 1807, Cuarta partida, Título XXI, ley primera; Digesto 1.4.5, <http://droitromain.upmf-grenoble.fr/> (05/2024).
57 Oliva Herrer, Justicia contra señores.
58 M. Santamaría Lancho, Del concejo y su término a la comunidad de ciudad y tierra. Surgimiento y transformación del señorío urbano de Segovia (siglos XIII-XVI), «Studia Historica. Historia Medieval», 2 (1985), pp. 83-116.
59 P. Freedman, The German and Catalan Peasant Revolts, «The American Historical Review», 98 (1993), pp. 39-54.
60 Id., The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia, Cambridge 1991, pp. 119-153.
61 R. Lluch Bramon, El precio de la libertad de los remensas (Gerona, siglos XIV-XV), «Cahiers de Framespa», 17 (2014), <https://journals.openedition.org/framespa/3065> (05/2024).
62 Valoraciones distintas en torno al peso económico de las rentas que pagaban los remensas en P. Ortí Gost, Els remences i l’exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític, in Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali. Dall’Italia nord-occidentale alla Catalogna, dir. R. lluch Bramon et al., Cherasco 2015, pp. 125-153, y P. Benito Monclus, Aux frontières de la servitude: coutume de Cerdagne versus observance de Catalogne dans une renonciation de droits, in Ériger et borner diocèses et principautés au Moyen Âge. Limites et frontières II, dir. N. Baron et al., Villeneuve d’Ascq 2017, pp. 91-110.
63 L. To Figueras, Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII), Barcelona 1997.
64 P. Freedman, Peasant Servitude in Mediaeval Catalonia, «Catalan Historial Review», 6 (2013), pp. 32-43; L. To Figueras, Servitude et mobilité paysanne: les origines de la ‘remença’ catalane, «Mélanges de l’École Française de Rome – Moyen Âge», 112 (2000), pp. 827-865.
65 Benito Monclús, Aux frontières de la servitud.
66 Freedman, The Origins of Peasant Servitude, pp. 26-45.
67 Ortí Gost, Els remences.
68 E. Mallorquí, Parroquia i societat rural al Busbat de Girona, segles XIII-XIV, «Butlletí de la Societat catalana d’estudis històrics», 20 (2009), pp. 277-297.
69 Freedman, The Origins of Peasant Servitude, pp. 119-120.
70 Ortí Gost, Els remences. Sobre el proceso de recuperación de jurisdicciones, M.T. Ferrer Mallol, El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els estats Catalano-Aragonesos a la fi del segle XIV, «Anuario de Estudios Medievales», 7 (1970-1971), pp. 351-491.
71 P. Ortí Gost, L. To Figueres, Serfdom and Standards of Living of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348, in Schiavitù e servaggio nell’economia europea, secc. XI-XVIII / Serfdom and Slavery in the European Economy, 11th-18th Centuries. Atti della Quarantacinquesima Settimana di studi (Prato, 14-18 aprile 2013), dir. S. Cavaciocchi, Firenze 2014, pp. 155-172.
72 Freedman, The Origins of Peasant Servitude, pp. 190-195; R. Lluch Bramon, Las demandas de los remensas catalanes (1380-1462), in Formas de lucha política y movilización a fines de la Edad Media, dir. J.C. Martín Cea y H.R. Oliva Herrer, en prensa.
73 Ortí Gost, Els remences.
74 Lluch Bramon, Las demandas de los remensas.